Comité 8 de diciembre: David contra Goliat

El gran pantano que se conectaba con el Arroyo de Oro desapareció. En su lugar hay un montón de arena y troncos.

Hasta 2019, este remanente de agua era vital para los animales salvajes y el ganado criado por pequeños productores en la comunidad 8 de diciembre en el departamento de Canindeyú. La zona estaba llena de árboles nativos que rodeaban el pantano y el arroyo. Los hijos de campesinos e indígenas se bañaban en sus aguas. Sus padres usaban su canal para pescar.

Todo eso se ha desvanecido.

El terreno pantanoso que alguna vez fue del tamaño de un campo de fútbol profesional tiene solo dos pequeños canales de agua, creados al desviar el curso del Arroyo de Oro hacia una inmensa cosecha de soja.

Los vecinos afirman que esta devastadora obra fue realizada por la empresa XT Paraguay, propiedad de Ulises Rodríguez Teixeira, uno de los principales actores de la lucrativa industria de la soja en Paraguay. El bloqueo del arroyo movilizó al Comité 8 de diciembre, un pequeño grupo de agricultores que en septiembre de 2020 presentó una denuncia ante la fiscalía ambiental contra XT Paraguay, alegando un “delito ecológico”. Además, los agricultores reclaman que la tierra donde fueron destruidos los canales de agua pertenece al gobierno paraguayo.

Elvio Cabrera, presidente del comité, dice que los agricultores presentaron una denuncia contra XT Paraguay por la deforestación de casi 1,000 hectáreas de bosque además de la destrucción del pantano y lo que el comité considera la apropiación del arroyo.

La denuncia alega que el uso previsto de la tierra deforestada son plantaciones de soja, en una propiedad que ni siquiera es propiedad de la empresa.

La denuncia la tomó Alcides Giménez, agente fiscal del Ministerio Público, pero hasta la fecha no ha habido avances en el caso. Giménez dijo que ha recibido poca cooperación del Ministerio de Medio Ambiente (MADES) para avanzar en su investigación. Desde el MADES dicen que estas documentaciones no son necesarias para la investigación de Giménez. La disputa entre las dos instituciones subraya la falta de cooperación entre los funcionarios ambientales nacionales y locales de Paraguay para detener la deforestación.

Desde octubre de 2020, Cabrera y otros miembros del comité han viajado 290 kilómetros al menos una vez al mes hasta el Instituto de Desarrollo Rural y Territorial (INDERT) en Asunción para presionar su caso sobre la documentación de propiedad de la tierra.

Cabrera muestra un informe que le entregó INDERT, la institución gubernamental que establece las subdivisiones rurales en Paraguay. Sostiene un mapa gubernamental que según él y los miembros del Comité 8 de diciembre demuestra que las 300 hectáreas donde XT Paraguay desvió el arroyo no pertenece a Rodríguez Teixeira.

Cabrera tiene otras denuncias en las que sostiene que los empleados de XT Paraguay están fumigando los cultivos con pesticidas, actividad que está prohibida ya que los agroquímicos pueden afectar a los vecinos de las plantaciones. Cabrera tiene fotos, quejas documentadas y videos, pero no puede obtener una respuesta del gobierno.

“Tenemos una granja comunitaria en la zona. Hay 64 familias que tienen sus animales. Nuestras vacas beben agua de ese arroyo”, dice Cabrera, una de las pocas personas de la comunidad dispuesta a hablar abiertamente sobre la situación. “Pero ahora no pueden ir porque rodearon todo, se apoderaron de tierras que pertenecen al gobierno y encima mataron el arroyo.”

En la comunidad del 8 de diciembre, sus vecinos tienen miedo de hablar del caso.

“Conocemos a sus guardias. No queremos tener problemas con ese hombre”, dijo un aldeano y residente de la zona. Ha vivido allí durante 60 años y recuerda cuando toda el área era un bosque espeso donde la gente aún podía ver jaguares en caminos de tierra.

Hoy, lo único que queda son los campos de soja. Y la mayoría de esos campos pertenecen a Rodríguez Teixeira.